¿Qué es?

Es el órgano disciplinario del Sistema de Defensa Jurídica del Estado encargado de resolver en primera instancia los procesos que se inicien a pedido de parte o de oficio contra los Procuradores Públicos, por actos de inconducta funcional.

El Consejo de Defensa Jurídica del Estado, mediante resolución debidamente motivada, resolverá en segunda y última instancia las impugnaciones que conozca, y que recusan contra las resoluciones del Tribunal de Sanción del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.

Según la Directiva N° 01-2014-JUS-CDJE del artículo N° 8.3., cuando el Tribunal de Sanción decida no recomendar al Gobierno Regional el inicio del proceso disciplinario contra un Procurador Público Regional, y únicamente cuando los hechos hubiesen sido puestos en su conocimiento por medio de una comunicación de la Secretaria Técnica, dicho Tribunal deberá elevar su decisión en Consulta al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1068.

El referido Consejo, mediante acuerdo, deberá decidir si corresponde efectuar la recomendación, en atención a los hechos y actuados que constan en el expediente.

Miembros

El Tribunal se encuentra integrado por el Viceministro de Justicia, el Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Procurador Público designado con mayor antigüedad.

Tipificación de Inconductas Funcionales

Artículo N° 58 del Decreto Supremo N° 017-2008-JUS-Reglamento del Decreto Legislativo N° 1068, tipifica las inconductas funcionales conforme al siguiente detalle:

  1. Por incumplimiento de obligaciones
  1. No acatar las disposiciones del Consejo.
  2. Requerir información para fines distintos a la defensa jurídica del Estado, transgrediendo lo dispuesto en el último párrafo del artículo 41° del Reglamento.
  3. Realizar declaraciones a los medios de comunicación sin autorización del Consejo.
  4. No poner en conocimiento del Consejo, el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley y en el Reglamento en las que incurran los abogados a su cargo.
  5. Ausentarse injustificadamente del centro de labores.
  6. Utilizar indebidamente los recursos humanos y logísticos que se encuentran bajo su responsabilidad.
  7. Utilizar indebidamente, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de haber dejado el mismo, la información que pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante respecto de los intereses del Estado.
  1. Por defensa negligente
  1. Inasistencia injustificada a la diligencia programada.
  2. Presentación de escritos elaborados sin el debido estudio de autos.
  3. Realización de actos procesales dilatorios, que atenten contra la celeridad del proceso, en perjuicio de los intereses del Estado.
  4. Formular declaraciones inexactas, incompletas o maliciosas, a los medios de comunicación, respecto de los procesos o procedimientos a cargo de la Procuraduría Pública.
  5. Presentar extemporáneamente o no presentar recursos impugnatorios en procesos o procedimientos en los que interviene, dejando consentir de manera injustificada una sentencia o auto que ponga fin al proceso o resolución fiscal que pone fin a la investigación y que perjudique los intereses del Estado.
  6. Ejercer la defensa del Estado sin estar habilitado en el Colegio de Abogados respectivo.